Las organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios a personas nacidas en el extranjero que se encuentran legalmente en los EE. UU. están reevaluando sus servicios y su nivel de personal en medio de las amenazas de financiamiento, vinculadas a las nuevas políticas federales.
“Esta ha sido una semana difícil… un par de semanas difíciles”, dijo Kelli Dobner, directora de desarrollo y estrategia de Samaritas. “Ha sido un juego de suposiciones sobre… qué viene después y, luego, qué se mantendrá”, dijo Dobner.
Todos los reasentamientos de refugiados se detuvieron en consonancia con una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en su primer día en el cargo. La orden suspendió las solicitudes de refugio y los planes de viaje, citando preocupaciones sobre la capacidad del país para albergar a grandes cantidades de refugiados. No está claro cuánto durará la suspensión, pero los secretarios de estado y el Departamento de Seguridad Nacional aún pueden admitir refugiados caso por caso.
Samaritas, la agencia de reasentamiento de refugiados más grande de Michigan, había reasentado en el sureste y oeste de Michigan a 440 de las 2.010 personas que estaban en camino de recibir para el año fiscal 2025 cuando se firmó la orden el 20 de enero. Los refugiados aprobados para venir a los EE. UU. ya han pasado por controles con 12 agencias federales como parte del proceso de investigación para obtener el estatus legal de refugiado, dijo Dobner. Desde la orden ejecutiva, 54 personas que tenían previsto venir a la región y a otras partes de los EE. UU. en febrero desde Ucrania, Afganistán, Congo y Venezuela quedaron en el limbo.
Crédito: Tom Tomala/Strangers No Longer
Eso también pone a las organizaciones sin fines de lucro como Samaritas en un limbo financiero. “Lo que no esperábamos es que si alguien llegaba el 20 de enero… al inicio de su experiencia de reasentamiento, técnicamente no podríamos atenderlo… y cargar esos recursos, ese tiempo del personal, a ese contrato federal”, dijo Dobner.
El punto final representa un golpe de $8.1 millones para Samaritas si no se reinicia el reasentamiento, dijo. “Hasta entonces, nadie vendrá y no se nos permite apoyar a nadie que ya esté aquí”, dijo.
Con la actividad de reasentamiento y los contratos en pausa, los refugiados que llegaron hace apenas dos semanas no tendrán acceso a alojamiento temporal, alimentos, asistencia médica y ropa de invierno, apoyos que necesitan para tener éxito, dijo a Crain’s Tawfik Alazem, director de la oficina de Dearborn del Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes, en una declaración enviada por correo electrónico.
La congelación de fondos federales que retiró la administración Trump el miércoles también ha puesto en riesgo otros contratos federales que Samaritas consiguió hace meses, dijo Dobner. Samaritas está utilizando $3.5 millones en nuevos contratos para financiar una expansión de los servicios posteriores al reasentamiento, que incluyen asesoramiento en salud mental, transporte, asistencia de interpretación y capacitación y asesoramiento para empleadores para contratar refugiados a miles de personas que ya se encuentran en la región.
En diciembre, Samaritas dijo que creía que la expansión de los servicios posteriores al reasentamiento la ayudaría a retener a su personal de reasentamiento multilingüe, que aumentó a unas 200 personas durante la presidencia de Biden después de reducirse a una docena de personas durante la primera administración de Trump. Pero no había previsto una congelación de los contratos federales.
“Si no estamos recibiendo a los refugiados a nuestro cargo, y no nos pagan para poder hacerlo con nuestro contrato federal, nos vemos obligados a tomar algunas decisiones bastante difíciles, que aún no hemos tomado”, dijo Dobner recientemente.
Freedom House
Freedom House, una organización de Detroit que brinda refugio, asistencia legal y otros servicios a solicitantes de asilo y otras personas documentadas nacidas en el extranjero a las que se les ofrece protección humanitaria legal en los EE. UU., también ha estado tambaleándose durante las últimas semanas, dijo la directora ejecutiva Elizabeth Orozco-Vásquez.
Se está centrando en el apoyo que puede brindar a las personas a las que sirve, incluidas las mujeres que son víctimas de mutilación genital, tráfico y otros delitos y aquellas a las que se les emitió un estatus de protección temporal en los EE. UU. debido a una crisis médica, tortura o violencia en sus países de origen.
“Ya habíamos tenido al ICE en nuestro edificio… y luego de enterarnos de esta pausa en la financiación… no paran y tratan de mantenerse al día con todas las órdenes ejecutivas”, dijo Orozco-Vásquez.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU., mejor conocido como ICE, fue a uno de los refugios de Freedom House el domingo. Los agentes dijeron que tenían una orden judicial para una persona específica, pero no pudieron mostrar la orden cuando se les pidió, dijo.
“Hemos tenido muy buenas relaciones con el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que fue muy sorprendente que los oficiales vinieran a nuestra puerta diciendo que tenían una orden judicial cuando no la tenían, diciendo que tenían una citación cuando no la tenían”, dijo Orozco-Vásquez.
Nuevos apoyos
Más allá del refugio, Freedom House ofrece asistencia legal, ayudando a sus clientes a solicitar protecciones y autorizaciones de trabajo, asistencia para la vivienda, derivaciones a atención médica y capacitación para la preparación laboral. Durante el año fiscal 2024 que finalizó el 30 de septiembre, atendió a más de 600 personas, operando con un presupuesto anual de $2 millones.
Al igual que Samaritas, Freedom House también está aumentando su recaudación de fondos, dijo Orozco-Vásquez, y señaló que aproximadamente el 60% del presupuesto de la ONG está financiado por el gobierno.
“Con estas pausas… es aterrador, ya que no tendríamos fondos para continuar con nuestra programación”, dijo.
Freedom House está agregando nuevo apoyo para sus clientes que ahora enfrentan la posibilidad de deportación.
La semana pasada, una orden ejecutiva eliminó las protecciones para escuelas, iglesias y hospitales, lo que permitió que los agentes de ICE ingresaran a ellos. Y un memorando emitido por el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, otorga permiso a las autoridades de inmigración para comenzar a expulsar a los inmigrantes que fueron admitidos legalmente en el país bajo dos programas que dependen de una autoridad conocida como libertad condicional humanitaria, informó NPR.
Esta semana, Samaritas hizo un llamado a notarios voluntarios para que trabajen con su personal, su junta directiva y sus abogados voluntarios para poner en marcha poderes notariales para las personas a las que presta servicios que tienen hijos en la escuela. Las medidas, algo que deberá renovarse cada seis meses, garantizarán que una persona designada pueda recoger a su hijo de la escuela en caso de que sus padres sean detenidos, dijo Orozco-Vásquez.
Ella sabe de primera mano la importancia de hacer eso: la llamaron a la escuela primaria de su hijo en Detroit durante una redada de ICE hace años.
“Fue lo más aterrador que podría haber pasado, recibir una llamada telefónica para decirme: ‘Oye, ICE está aquí y tienes que venir a recoger a tu hijo'”, dijo Orozco-Vásquez, una residente permanente de los EE. UU. que llegó a los EE. UU. con su madre nacida en México.
“Los niños se quedaron en la escuela sin ningún recurso cuando los padres fueron detenidos, fueron deportados… durante semanas, no logramos que los padres enviaran a sus hijos a la escuela”, por temor a que los detuvieran durante las entregas y recogidas y sus hijos se quedaran atrás, dijo.
Freedom House está trabajando estrechamente con las escuelas y los grupos de defensa de la comunidad para resolver la transferencia de los registros escolares de los niños al país de origen de sus padres para que puedan comenzar la escuela allí, en caso de deportaciones, dijo Orozco-Vásquez.
Los informes de empleadores que están siendo atacados en otros lugares, con agentes que llegan para verificar la documentación del personal, han llevado a Freedom House a asegurarse de que su propia documentación esté en orden.
“Tenemos tantas personas de color… e inmigrantes trabajando para nosotros… todos tienen autorización de trabajo; todos son buenos. Pero estamos pidiendo que todos nuestros empleados hagan copias de los certificados de nacimiento, de cualquier documento de inmigración que puedan necesitar y que los lleven consigo, tal como les pedimos a nuestros clientes que lo hagan”, dijo Orozco-Vásquez.
Sherri Welch es reportera senior de Crain’s Detroit Business y cubre temas de ONG filantropía, educación superior, arte y cultura. Antes de unirse a Crain’s en 2003, cubría a proveedores automotrices y fabricantes de neumáticos para Crain’s Rubber & Plastics News.
