Evento Latino de defensa legislativa en Lansing pone en el centro temas laborales y de salud materna
En el sótano de una iglesia en el centro de Lansing, miembros de la comunidad latina de Michigan analizaron políticas públicas y propuestas audaces que podrían ayudarles a proteger sus derechos civiles y lograr un poder político real en todo el estado.
El jueves, MI Poder, una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer los esfuerzos comunitarios latinos y promover políticas de justicia, llevó a cabo su cuarto Latino Legislative Advocacy Day anual.

El evento forma parte del Michigan Latino Voter Project de MI Poder, una iniciativa estatal que busca ampliar la participación cívica latina, construir una infraestructura de organización a largo plazo y lograr que candidatos latinos —o que representen a la comunidad latina— tengan éxito en las elecciones.
“Esto es más que solo participar; se trata de tener poder real”, dijo Cindy Gamboa, directora ejecutiva de MI Poder. “Nuestras comunidades ya están involucradas. Lo que ha faltado es inversión constante y verdadera rendición de cuentas. Latino Legislative Advocacy Day busca cerrar esa brecha y asegurar que nuestras voces no solo estén presentes, sino que también guíen las decisiones.”
Las actividades del día incluyeron reuniones con legisladores, espacios para convivir y compartir alimentos, intercambio de historias y varios paneles enfocados en fortalecer el poder político, así como el bienestar de la comunidad latina en Michigan.
Entre los temas que más interés generaron estuvieron los paneles sobre protección laboral y salud materna de las latinas, especialmente en un momento en que la comunidad enfrenta ataques a su dignidad y otros retos, como el aumento en la aplicación de leyes migratorias a nivel federal. Estos desafíos no solo han impactado a los trabajadores, sino también la salud mental de toda la comunidad.
Trabajadores merecen un camino hacia la regularización y mayores protecciones
En el panel sobre temas laborales participaron Amanda Villa, de la oficina en Michigan de United Farm Workers Foundation; Gonzalo Peralta, del Michigan Immigrant Rights Center; y Branden Snyder, del Working Families Party.
El moderador Ernesto Mireles, también de MI Poder, preguntó qué se necesita a nivel estatal y federal para garantizar que los trabajadores agrícolas, sin importar su estatus migratorio, puedan denunciar condiciones inseguras sin miedo a represalias, pérdida de empleo o deportación.
Villa señaló que un camino claro hacia un estatus legal ayudaría significativamente a reducir esos temores.
“Seguimos teniendo miedo”, dijo Villa. “Si soy residente permanente legal y no quiero alzar la voz por temor a perder mi green card; si mis padres son ciudadanos naturalizados y no quieren compartir su historia en el campo por miedo a ser señalados la próxima vez que vayamos a México; necesitamos un camino legal para nuestros trabajadores agrícolas, y lo necesitamos ya.”
Villa también abogó por protecciones más fuertes frente a condiciones de calor extremo, ya que Michigan actualmente no cuenta con una norma específica al respecto.
“Nuestros trabajadores agrícolas laboran a 90 grados sin ningún tipo de adaptación”, explicó. “Estamos viendo a jóvenes trabajadores de México llegar a Michigan y se espera que trabajen 10 horas bajo el sol, con poca agua, poca sombra y poco descanso, y luego repetirlo al día siguiente, durante siete días. Eso no es humanamente posible.”
Peralta indicó que, aunque la ley Michigan Occupational Safety and Health Act permite presentar quejas, sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades de trabajadores latinos e inmigrantes.
“Ni de cerca. Parte del problema es que la agencia encargada de hacer cumplir esa ley está gravemente subfinanciada”, dijo sobre MIOSHA, que forma parte del Department of Labor and Economic Opportunity del estado. “Parte de la solución es asignar los recursos necesarios para que la agencia pueda investigar adecuadamente cada queja y sancionar a los empleadores cuando violen la ley.”
Peralta añadió que también hay formas inmediatas, más allá del financiamiento, en las que la Legislatura de Michigan podría fortalecer las protecciones ya existentes. Lo mismo aplica para MIOSHA, que tiene autoridad para establecer sus propias reglas.
“No está claro por qué no lo está haciendo”, dijo. “La falta de recursos significa que, incluso si se crean nuevas reglas, no habrá capacidad para hacerlas cumplir. Necesitamos enfrentar los obstáculos administrativos y políticos que impiden crear un sistema que realmente permita a las personas denunciar y obtener justicia.”
También señaló que las leyes estatales a veces chocan con sistemas federales, y que en varios estados los inmigrantes enfrentan consecuencias por presentar denuncias que mejorarían sus condiciones laborales.
“Necesitamos un camino legal para nuestros trabajadores agrícolas y lo necesitamos ya.”
– Amanda Villa, United Farm Workers Foundation Michigan
Snyder destacó que las comunidades afroamericanas y latinas deben exigir más a sus representantes.
“¿Cómo integramos estas conversaciones en lo cotidiano, en lo que le pedimos a nuestros funcionarios electos?”, planteó. “¿Cómo llevamos estos temas al terreno electoral?”
También mencionó que, aunque la Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, ha priorizado la protección al consumidor, su oficina podría hacer más para hacer cumplir las leyes laborales. Propuso además que estas funciones se fortalezcan a nivel local para facilitar la denuncia de abusos como el robo de salarios.
La salud materna también debe incluir la salud mental
En el panel sobre salud materna participaron Alé Roel, organizadora comunitaria con Mothering Justice; Celeste Sanchez Lloyd, gerente de programas comunitarios en Spectrum Health; y Vilma Escamilla Duran, doula y activista comunitaria.
La moderadora Gladys Picó Gleason, enfermera registrada y gerente clínica en Corewell Health en Grand Rapids, abordó rápidamente el tema de la salud mental, señalando que al menos el 40% de las madres latinas experimentan algún trastorno, como la depresión posparto. Preguntó qué factores contribuyen a que muchas no reciban atención.
Duran explicó que uno de los principales obstáculos es el tabú alrededor de la salud mental.
“Tuve un parto traumático. Tengo gemelos y necesité una cesárea de emergencia. Eso aumentó mucho mi riesgo de desarrollar ansiedad y depresión perinatal”, compartió. “Para muchas familias latinas, es un tema muy sensible. Además, usan evaluaciones estándar que ni siquiera están en el idioma de la persona. Todo se siente muy mecánico.”
Agregó que cuando las madres latinas piden ayuda, muchas veces reciben traducciones automáticas en lugar de atención humana.
“Hay tantas capas de trato impersonal que la gente no se siente en confianza para hablar de lo que siente. Se vuelve solo otro formulario, otra casilla, otro diagnóstico”, dijo.
Sanchez Lloyd abogó por más inversión en personal con competencia cultural en hospitales y clínicas. Señaló que Spectrum Health cuenta con programas de visitas a domicilio con trabajadores comunitarios disponibles las 24 horas, donde la mitad del personal se identifica como mujeres afroamericanas y la otra mitad como latinas.
“Creemos que la comunidad sabe lo que necesita y puede trabajar junto a los terapeutas”, dijo. “Reconocemos esas necesidades culturales, hacemos preguntas y rompemos mitos y tabúes.”
Sin embargo, esto implica costos, ya que se trata de pagar de manera justa a quienes aportan su experiencia y conocimiento cultural.

Roel compartió que enfrentó múltiples retos de salud mental tras su embarazo, y que su experiencia no es única. Señaló que a las mujeres se les exige cargar con el trabajo emocional en muchos espacios, desde la educación hasta el cuidado de la salud, mientras también deben sostenerse a sí mismas.
En ese contexto, dijo, no sorprende que tantas mujeres latinas enfrenten problemas de salud mental. También hizo un llamado a los padres a involucrarse más y buscar apoyo para su propia salud emocional.
“No siempre tenemos acceso a licencias pagadas. Y no siempre contamos con padres que asuman su parte para apoyarnos”, dijo. “Estamos en medio de una lucha cultural, y lo que quiero que la gente entienda es que, en este sistema, a las mujeres y a las madres cada vez se les exige más y se les extrae más valor.”
Ben Solis es reportero senior en Michigan Advance. Ha cubierto gobiernos estatales y locales por casi una década y ha trabajado en Gongwer News Service y varias redacciones de MLive. Es un periodista galardonado y fue finalista del premio Periodista del Año de la Michigan Press Association en 2022 por su cobertura del proceso independiente de redistritación en Michigan.












































